Entre 2018 y 2022, la Defensoría del Pueblo de Colombia emitió más de 20 alertas de que filiales de los cárteles más grandes y poderosos de México estaban activas en suelo colombiano. Unos 40 ciudadanos mexicanos, según la Defensoría, estaban tras las rejas por cargos de narcotráfico en Colombia a principios de 2023.
Grupos como los cárteles de Sinaloa y Jalisco Nueva
Generación (CJNG) forjaron alianzas rivales con sus pares colombianos como el
Ejército de Liberación Nacional, el Clan del Golfo y disidentes de las Fuerzas
Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC), informó la revista colombiana
Cambio Colombia.
Los cárteles mexicanos parecen intensificar sus
operaciones en Colombia, lo que supone un cambio radical con respecto a la
época en la que los cárteles colombianos dominaban la mayor parte del comercio
regional de cocaína. Desde la caída de los cárteles colombianos de Medellín y
Cali a mediados de la década de 1990, el dominio de los cárteles mexicanos en
el corazón de la distribución de narcóticos desplazó el poder de los
proveedores colombianos.
“Hoy en día los cárteles mexicanos lo controlan todo,
desde la hoja de coca hasta la venta de cocaína en una esquina de Nueva York.
Son más poderosos que Pablo Escobar o Carlos Castaño”, dijo el presidente de
Colombia Gustavo Petro, entonces senador, en un tuit de agosto de 2019.
Según el laboratorio de ideas InSight Crime, que estudia
el crimen organizado en Latinoamérica y el Caribe, la detención y posterior
extradición en 2021 de Dairo Antonio Úsuga, alias Otoniel, jefe del grupo
narco-paramilitar Clan del Golfo, puede ser el último arresto de un capo de su
talla. “La salida de Otoniel deja tras de sí un paisaje criminal transformado”,
sostiene InSight Crime. En lugar de cárteles jerárquicos e integrados verticalmente,
el panorama criminal actual de Colombia es cada vez más horizontal y
fragmentado, con distintos actores que controlan las ramificaciones del tráfico
de cocaína, desde el cultivo inicial de coca hasta el transporte nacional y la
posterior exportación de cocaína a países vecinos.
En declaraciones a AFP, el ex vicepresidente de Colombia
y General de la Policía Nacional de Colombia Óscar Naranjo Trujillo ofreció un
análisis similar. “[Antes] había una especie de división del trabajo: Los
colombianos producían [y] almacenaban la coca, [la transportaban] por las
costas del Pacífico y del Caribe, así como por los puertos, y luego la enviaban
a México […] o a los Estados Unidos con la ayuda de [traficantes] mexicanos”,
afirmó Naranjo, quien añadió que en la actualidad los grupos criminales
mexicanos “subordinaron” a sus homólogos colombianos.
En este contexto, el control de los cultivos de coca en
departamentos como Norte de Santander, Nariño, Cauca, norte de Antioquia y sur
de Córdoba es el foco de conflicto entre las organizaciones guerrilleras y
paramilitares colombianas. A ello se suma el hecho de que los narcotraficantes
mexicanos suelen pagar a los proveedores colombianos con armas de alta calidad
y promueven cultivos de variedades de coca de alto rendimiento, que producen
cocaína de alta calidad y alto beneficio en mayores cantidades a partir de una
superficie más pequeña, publicó en un artículo de opinión de julio de 2022
Vanda Felbab-Brown, investigadora principal de la Brookings Institution, un
laboratorio de ideas con sede en Washington.
Pagar a los proveedores de cocaína con armas ayuda a los
cárteles mexicanos a blanquear los beneficios y evitar mover grandes cantidades
de dinero en efectivo a través de las fronteras, informó Reuters.
“Lo que están haciendo los grupos armados ilegales en
Colombia es utilizar a los mexicanos para igualar y superar a las fuerzas
armadas del Estado en términos de armamento”, dijo a Reuters en abril de 2022
bajo condición de anonimato un funcionario del Centro de Información
Antiterrorista y de Rastreo de Armas (CIARA), de la Policía Nacional de
Colombia,. “En el futuro eso podría tener serias implicaciones, como un aumento
de las hostilidades”.
Los cárteles mexicanos no sólo están cada vez más
implicados en el tráfico y la venta al por mayor de cocaína, sino también en
las disputas internas entre grupos armados en las regiones colombianas, a
menudo instigando a la violencia para desplazarse unos a otros o ganar
exclusividad.
Según la Defensoría del Pueblo, “los Zetas [cártel]
compran cargamentos de cocaína en el Caribe colombiano. Luego los cargamentos
se introducen de contrabando en Venezuela, se exportan a Centroamérica, y desde
allí a Europa y a los Estados Unidos”, informó el diario colombiano Semana. Por
el contrario, el CJNG y el Cártel de Sinaloa se basan en rutas de tráfico en el
Pacífico, que salen de los campos de coca de los departamentos colombianos de
Nariño, Cauca, Valle del Cauca y Chocó.
La detención en Cali, en abril de 2022, de Brian
Donaciano Olguín Berdugo, alias Pitt, principal enlace del Cártel de Sinaloa
con grupos como el Clan del Golfo, la Oficina de Envigado y disidentes de las
FARC, es instructiva en cuanto al papel de los cárteles mexicanos como
mediadores entre los grupos armados colombianos. Según Reuters, la Policía
Nacional de Colombia se refirió a su detención como la más importante de un
emisario de un cártel hasta la fecha.
Alias Pitt, identificado como mano derecha de Joaquín “El
Chapo” Guzmán, máximo líder del Cártel de Sinaloa que cumple cadena perpetua en
una prisión de máxima seguridad en los Estados Unidos, tenía la misión de
negociar el fin de las disputas territoriales entre los frentes 1 y 2 de las ex
FARC y la llamada Segunda Marquetalia. Es más, la inteligencia colombiana
señaló que el Cártel de Sinaloa estaba involucrado en los intentos de detener
la extradición de alias Otoniel. Al parecer, al Cártel de Sinaloa le preocupaba
que Otoniel pudiera proporcionar a las fuerzas de seguridad estadounidenses
información que pudiera poner en peligro sus operaciones en Norteamérica, e
incluso consideró la posibilidad de dar un golpe contra el ex capo, informó
Semana.
Reportes del diario colombiano El Tiempo indicaron que
Alfredo Guzmán-Salazar, alias Alfredillo, hijo de El Chapo, dirigió las
operaciones colombianas del cártel desde la ciudad de Medellín entre 2016 y
2018. Según información de inteligencia de las autoridades colombianas, así
como de la DEA y el FBI, Alfredillo operaba un laboratorio de cocaína en las
afueras de Envigado, al sureste de Medellín, que producía aproximadamente 100
kilogramos de droga por semana, informó El Tiempo. Al parecer, Guzmán-Salazar
también estaba custodiado por miembros de La Terraza, una de las bandas armadas
más conocidas de Medellín, afiliada a la Oficina de Envigado.
Estos hechos son preocupantes y sugieren que la cúpula de
las mayores y más sofisticadas organizaciones de narcotraficantes de México
está tratando de ampliar sus operaciones transnacionales en Colombia. A medida
que el panorama criminal colombiano sigue fragmentándose, el papel de los
cárteles mexicanos en el tráfico de cocaína parece que complicará aún más un
conjunto ya enmarañado de alianzas criminales y relaciones de seguridad.
Para Sergio Guzmán, director de Colombia Risk Analysis,
una empresa de análisis de riesgos y seguridad, los cárteles mexicanos no son
sólo una amenaza para Colombia, sino para toda la región, que debe ser abordada
“por todos los países implicados”, declaró al sitio de noticias neoyorquino
Business Insider.
