Nació el 1 de diciembre de 1981 en la vereda Yolombó, corregimiento del municipio de Suárez del departamento del Cauca, ubicado en territorio de una comunidad afrodescendiente. Su infancia, según cuenta, "estuvo marcada por pasar tiempo en casa de mis abuelos maternos, otro tiempo con mi mamá y el resto con mis abuelos paternos." Su madre es partera, agricultora, minera. Su padre, agrominero y obrero. A la edad de 16 años tuvo el primero de sus dos hijos que crio cómo madre soltera. Durante su adolescencia trabajó como minera de oro artesanal en su municipio y como empleada doméstica en la ciudad de Cali.
Márquez se graduó como técnica agropecuaria en el
Servicio Nacional de Aprendizaje (SENA). En 2020 como abogada de la Universidad
Santiago de Cali. En 2021 inició una especialización en escrituras creativas en
la Universidad ICESI.
Su activismo inició cuando era una adolescente, a la edad
de 13 años, cuando la construcción de una represa amenazaba la existencia de su
comunidad. De 1994 hasta 1997 participó en el proceso de evaluación de los
impactos que generaría a su comunidad y al territorio el megaproyecto de
desviación del Río Ovejas a la Represa Salvajina, en particular los impactos
que este proyecto traerían a la vida de todos los miembros de su comunidad,
incluyendo el efecto negativo sobre su territorio considerado como ancestral, y
por ende sobre la identidad étnica y cultura de sus habitantes. En el 2005,
participó en el proceso de exigibilidad a la Corporación Autónoma Regional del
Valle del Cauca (CVC) y a la Empresa de Energía del Pacífico (EPSA) para la
reparación de los impactos creados por el megaproyecto Salvajina. Proceso que
no tuvo en cuenta derecho fundamental al consentimiento libre, previo, e
informado de las comunidades, con vía a reparar los impactos generados en los 35
años de vida de la represa.
En el 2009, inició un proceso de protesta a fin de evitar
que las comunidades afrodescendientes del Consejo Comunitario de La Toma en el
municipio de Suárez fueran desalojadas forzosamente del territorio ancestral,
por cuanto el gobierno había entregado al señor Héctor Sarria, a empresas
multinacionales como AngloGold Ashanti y a otras personas foráneas, títulos de
explotación minera, violando el debido proceso a la implementación del derecho
fundamental al consentimiento libre, previo, e informado. Este mismo año, el
Consejo Comunitario de La Toma y varios de sus líderes fueron declarados
objetivo militar por parte de los grupos paramilitares Águilas Negras, Los
Rastrojos y Bloque Capital, pues según estos actores armados, la comunidad se
estaba oponiendo al desarrollo e impidiendo la entrada de empresas
multinacionales. Márquez instauró una acción de tutela exaltando la violación
de sus derechos fundamentales a la vida digna, a la permanencia en el
territorio, al debido proceso y a la consulta previa, libre e informada, los
cuales fueron tutelados mediante la sentencia T-1045A de 14 de diciembre de
2010.
En el año 2013, fue nombrada como representante legal del
Consejo Comunitario de comunidades afrodescendientes del corregimiento La Toma,
cargo que ejerció hasta el 12 de diciembre de 2016. También participó en la
Asamblea Permanente declarada por las comunidades afrodescendientes del Cauca,
en la cual se le exigió al INCODER (hoy Agencia Nacional de Tierras) proteger
los territorios ancestrales de comunidades negras y avanzar en la titulación
colectiva, así como garantizar el acceso a la tierra por medio de compras realizadas
por dicha entidad.
En el 2014, participó en la mesa interétnica e
intercultural del Norte del Cauca desde la cual se le exigió al Gobierno
Nacional detener la minería ilegal y el otorgamiento de títulos mineros sin
consulta previa en territorios étnicos. Así mismo se le pidió realizar acciones
que permitieran identificar posibles actos de corrupción institucional frente a
la minería ilegal que estaba contaminando el territorio. En octubre de 2014,
fue desplazada forzosamente del territorio y declarada, junto con sus hijos,
objetivo militar por parte de grupos paramilitares.
En 2014, Márquez Mina fue una de las líderes que organizó
una marcha a la que se unieron alrededor de 70 mujeres afrodescendientes que
usaban turbantes que identificaban su origen étnico y que fue conocida como
"La Marcha de los Turbantes" también conocida como "Mujeres
Negras por el Cuidado de la Vida y los Territorios Ancestrales". La marcha
partió 17 de noviembre del corregimiento de La Toma en Suárez con 15 mujeres
lideradas por Márquez Mina, durante el recorrido se unieron a la marcha mujeres
de otros municipios del norte caucano que igualmente padecía el problema de la
minería ilegal en sus territorios como Santander de Quilichao, Buenos Aires,
Guachené y Caloto y llegó a Bogotá el 27 de noviembre después de recorrer
alrededor de 600 kilómetros a pie. El objetivo era exigir al gobierno el
cumplimiento de la sentencia de la Corte Constitucional que ampara los
territorios ancestrales de las comunidades negras de la región y exigir el fin
de la minería ilegal y la minería inconstitucional que estaba causando la
contaminación del río Ovejas y el desplazamiento forzado de comunidades.
La mujeres ocuparon un salón de la sede del Ministerio
del Interior conocida como Casa La Giralda en el centro de Bogotá y en la Casa
Afro, donde habitaron hasta el 11 de diciembre. Tras la movilización las
mujeres lograron el reconocimiento de 27 Consejos Comunitarios del Norte del
Cauca como sujetos de reparación colectiva.
Como activista, Márquez viajó a diferentes países tales
como Estados Unidos, Ecuador, Panamá, México, Cuba, Suiza y Francia para llevar
al conocimiento internacional las violaciones sistemáticas a los derechos
humanos a las que ha sido sometido el pueblo afrocolombiano, y para resaltar la
resistencia y la lucha por permanecer en los territorios reconocidos como
ancestrales.
Márquez participó en diferentes foros y conferencias en
varias universidades, y reuniones con parlamentarios del Congreso de los
Estados Unidos, en instituciones gubernamentales y no gubernamentales, y
eventos académicos exponiendo su visión sobre cómo funciona el racismo
estructural en Colombia, y cómo las mujeres negras "son fuertemente
violentadas y sus cuerpos usados como instrumento de guerra".
En el año 2018 le fue otorgado el Premio Goldman de Medio
Ambiente por sus logros derivados del liderazgo con las comunidades negras y la
lucha de estas por detener la minería ilegal de oro en su territorio.
Igualmente obtuvo diversas menciones y reconocimientos por su defensa de los
derechos humanos.
