En un hito histórico, Francia se convirtió en el primer
país del mundo en incorporar el derecho al aborto en su Constitución. El
Parlamento francés votó de manera contundente a favor de modificar la
Constitución de 1958 para consagrar la «libertad garantizada» de las mujeres
para interrumpir su embarazo.
La reforma, respaldada por aproximadamente el 85% de la
población según encuestas, refleja la evolución de la sociedad francesa hacia
una mayor protección de los derechos reproductivos de las mujeres. El primer
ministro, Gabriel Attal, argumentó ante el Parlamento que el derecho al aborto
estaba en riesgo y «a merced de quienes toman las decisiones», justificando así
los esfuerzos del gobierno para fortalecer su protección.
Sin embargo, la medida no está exenta de críticas. Los
detractores no cuestionan la modificación en sí, sino que la consideran
innecesaria. Algunos acusan al presidente de intentar utilizar la causa para
impulsar su credibilidad como político de izquierda.
Vale la pena señalar que el derecho al aborto en Francia
ha estado consagrado por ley desde 1975 y ha sido actualizado en nueve
ocasiones para ampliar su acceso. A pesar de esto, el Consejo Constitucional
francés, encargado de decidir sobre la constitucionalidad de las leyes, nunca
ha presentado reparos.
Vale recordar que en una sentencia del 2001, el Consejo Constitucional fundamentó su aprobación del aborto en la noción de libertad consagrada en la Declaración de los Derechos del Hombre de 1789, que, técnicamente, forma parte de la Constitución. Este argumento lleva a muchos juristas a afirmar que el aborto ya era un derecho constitucional.