Una denuncia divulgada por el director de la Unidad Contra el Gasto Hormiga, Germán Ricaurte, y replicada por el presidente del Concejo de Medellín, Alejandro de Bedout, asegura que el Gobierno de Colombia habría contratado por 10.000 millones de pesos a una firma internacional de abogados para defender al presidente Gustavo Petro y a su familia frente a eventuales actuaciones de la OFAC, tras su inclusión en la lista Clinton.
Ricaurte cuestionó que se destinen “10 mil millones de nuestros impuestos” a una defensa que considera personal, mientras De Bedout afirmó que el uso de contratación directa para atender un “riesgo personalísimo” del jefe de Estado sería ilegal y podría suponer una desviación del fin del gasto público. Ambos destacaron que el contrato se habría firmado a pocos días de que empiece a regir la ley de garantías, en la antesala de una campaña presidencial.
El profesor Martín Eduardo Botero, experto en derecho internacional radicado en Europa, planteó interrogantes sobre el fundamento jurídico de comprometer recursos del erario para gestionar un asunto ligado a la situación de Petro ante la OFAC. A su juicio, si el riesgo es personal el gasto sería ilegal; si se considera institucional, el Gobierno tendría que explicarlo con precisión y soportes claros.
Por ahora, la polémica sigue abierta y sectores de oposición piden control inmediato de los órganos de vigilancia y de la justicia, a la espera de una respuesta oficial sobre el alcance real del contrato y sus términos. ¿Consideras que este tipo de gastos pueden justificarse como defensa del Estado, o se trata de una defensa privada que no debe pagarse con recursos públicos?