La firma de abogados Alzate Hernández, en representación de Juliana Guerrero, emitió un comunicado en el que rechazó las denuncias periodísticas que la vinculan con una presunta red de tráfico de influencias y el cobro de comisiones a empresarios a cambio de favorecer la adjudicación de contratos públicos en entidades del Estado.
El pronunciamiento se conoció luego de las revelaciones publicadas por la revista Semana, que dio a conocer audios, chats y comprobantes que, según la investigación, involucrarían a Guerrero y a su hermana Verónica en un supuesto esquema para exigir dinero a contratistas interesados en obtener licitaciones públicas.
A través de su equipo jurídico, Guerrero negó categóricamente haber sostenido reuniones, recibido pagos o realizado gestiones irregulares ante ministerios y agencias del Gobierno nacional.
En el comunicado, la joven explicó que durante varios meses optó por guardar silencio por respeto a las investigaciones que adelantan las autoridades y por considerar que es la justicia la encargada de esclarecer los hechos.
“Durante los últimos meses he guardado un prudente silencio por respeto a las investigaciones que se adelantan en mi contra y por la convicción de que es la administración de justicia, y no los escenarios mediáticos, el espacio llamado a esclarecer los hechos y determinar responsabilidades”, señaló.
No obstante, aseguró que decidió pronunciarse debido a que, según afirmó, su silencio ha sido interpretado de manera equivocada.
“Sin embargo, ese silencio no puede seguir interpretándose como una aceptación de las acusaciones injustas y reiteradas que se han formulado en mi contra”, indicó en el documento.
“Sin embargo, ese silencio no puede seguir interpretándose como una aceptación de las acusaciones injustas y reiteradas que se han formulado en mi contra”, indicó en el documento.
El caso continúa siendo objeto de investigaciones y ha generado un amplio debate público, mientras las autoridades avanzan en el esclarecimiento de los hechos denunciados.