El Gobierno del presidente Abelardo De La Espriella busca reforzar el bloqueo de las comunicaciones no autorizadas desde las cárceles del país, con el propósito de impedir que personas privadas de la libertad continúen coordinando delitos desde los centros penitenciarios.
El ministro de Justicia, Iván Cancino, se reunió con la ministra de las TIC, Alexandra Falla, y representantes de operadores de telefonía móvil como Claro y WOM para analizar alternativas técnicas que permitan controlar estas comunicaciones.
La preocupación principal está relacionada con las extorsiones y otras actividades criminales que pueden ser coordinadas mediante teléfonos celulares desde las cárceles. El Gobierno sostiene que quienes están privados de la libertad no pueden continuar utilizando las redes de comunicación para impartir órdenes delictivas hacia el exterior.
“Desde prisión no se puede seguir ordenando el delito”, fue el mensaje del ministro Cancino durante la estrategia que busca fortalecer los controles penitenciarios.
Uno de los principales retos es lograr que el bloqueo sea efectivo dentro de los establecimientos penitenciarios sin afectar la señal de los habitantes que viven en las zonas cercanas.
El problema no es nuevo. En enero de 2026 ya se habían ordenado intervenciones sobre los sistemas de bloqueo en cárceles como Cómbita, Valledupar y La Dorada, mientras que operativos anteriores han permitido decomisar miles de celulares y tarjetas SIM en los centros de reclusión.
Con esta nueva estrategia, el Gobierno busca que las cárceles dejen de ser utilizadas como centros de coordinación criminal y cortar una de las principales herramientas empleadas para cometer extorsiones desde prisión.