El proceso de paz entre el gobierno de Gustavo Petro y el Clan del Golfo entra en una fase decisiva mientras se conocen detalles que hasta ahora se habían manejado con reserva, especialmente sobre las zonas donde se concentrarán los hombres armados del grupo.
Estas revelaciones reavivan el debate nacional sobre los alcances de la política de paz total y los límites entre sometimiento a la justicia y negociación con estructuras criminales de alto impacto.
Investigaciones periodísticas recientes señalan que el acuerdo contempla la creación de tres Zonas de Ubicación Temporal en Belén de Bajirá y Unguía, en el departamento del Chocó, y en Tierralta, Córdoba, destinadas a recibir a combatientes del Clan del Golfo a partir de marzo de 2026.
Estas áreas se insertan en un diseño más amplio que incluye municipios priorizados para la presencia de instituciones, proyectos sociales y mecanismos de verificación nacional e internacional.
Los diálogos formales se desarrollan en Doha, Catar, donde delegados del gobierno y del autodenominado Ejército Gaitanista de Colombia, como también se conoce al Clan del Golfo, se reúnen con la mediación de países como Catar, España, Noruega y Suiza.
Desde allí se han firmado protocolos sobre cese de hostilidades, protección de la población civil, participación de las comunidades y trazado de rutas jurídicas para el tránsito de los integrantes del grupo hacia el Estado de derecho.
Una de las claves del proceso es su carácter sociojurídico: el gobierno ha insistido en que no se configura una negociación política tradicional, sino un modelo de sometimiento con elementos de justicia transicional y fortalecimiento de la presencia estatal en regiones históricamente dominadas por economías ilegales.
Esto incluye la discusión sobre suspensión de órdenes de captura, no extradición para quienes se acojan a los compromisos y la verificación de desarme, desmovilización y no repetición.
Las revelaciones sobre las Zonas de Ubicación Temporal han generado preocupación entre habitantes de los territorios escogidos, que temen convertirse en escenario de posibles reacomodos armados, tensiones con otros grupos ilegales o retaliaciones si el Estado no logra consolidar seguridad integral.
A la par, sectores políticos y de opinión cuestionan la falta de información oportuna, piden transparencia sobre los compromisos concretos y advierten sobre riesgos de que el Clan del Golfo mantenga su control territorial bajo una nueva figura.
Organizaciones sociales y centros de estudio recuerdan que cualquier acuerdo con estructuras criminales debe incorporar de manera central a las víctimas, garantizar verdad, reparación y garantías de no repetición, y evitar que los territorios priorizados terminen atrapados entre promesas incumplidas y viejas lógicas de poder armado.
El equilibrio entre confidencialidad en la mesa, presión política y expectativas de las comunidades será determinante para que este proceso contribuya a la paz o profundice la desconfianza en las regiones.