La defensa de Nicolás Maduro informó a un tribunal federal en Nueva York que el exlíder chavista no dispone de recursos propios para costear su representación legal y pidió que se autorice el uso de fondos del Estado venezolano bloqueados por las sanciones estadounidenses.
En una carta fechada el 20 de febrero de 2026, el abogado Barry J. Pollack solicitó al juez Alvin K. Hellerstein que inste a la Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC) a liberar activos de la República con el argumento de que, sin esa autorización, su cliente no puede pagar a sus abogados.
El escrito sostiene que las sanciones interfieren con el derecho de Maduro a contar con un abogado de su elección, amparado por la Sexta Enmienda, y acusa a la OFAC de sabotear el proceso al impedir que el gobierno venezolano asuma los costos de la defensa.
La defensa cuestionó además que el gobierno de EE.UU. haya otorgado nuevas licencias para operaciones comerciales con Venezuela, mientras mantiene congelados los recursos que, según el bufete, podrían destinarse a cubrir la factura legal del exmandatario.
En el texto, los abogados advierten que, si la OFAC no actúa sobre la solicitud para restablecer la licencia original o la rechaza, presentarán una moción formal para pedir amparo directo al tribunal y forzar una respuesta sobre el uso de esos fondos.
Hasta ahora, el juez Hellerstein solo ordenó incorporar la carta al expediente, lo que deja abierta la discusión sobre si dinero público venezolano podrá emplearse o no en la defensa del exlíder chavista en la justicia estadounidense.