Mientras víctimas de las extintas Farc respaldaron la propuesta del senador de Salvación Nacional, Enrique Gómez Martínez, de retirar $100.000 millones del presupuesto de la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP), Rodrigo Londoño, conocido como "Timochenko", manifestó su rechazo a la iniciativa y advirtió sobre sus posibles consecuencias para el sistema de justicia transicional.
En un comunicado divulgado este sábado, 19 de septiembre, Londoño sostuvo que los firmantes del Acuerdo de Paz de 2016 decidieron abandonar las armas y apostar por la participación política y el cumplimiento de los compromisos adquiridos.
“Comparecimos ante la Comisión de la Verdad y la Jurisdicción Especial para la Paz y hemos asumido con seriedad la responsabilidad que nos corresponde ante el país y el mundo. Hoy, como alta parte contratante del acuerdo, me veo en la obligación de alzar la voz frente a lo que considero un ataque directo contra el acuerdo de paz”, señaló.
El excomandante de las Farc defendió el papel de la JEP y aseguró que no se trata de una concesión a la antigua guerrilla.
“La JEP no es un capricho ni una concesión a las extintas Farc: es el órgano de cierre jurídico del conflicto armado colombiano para todos los actores que se sometan a ella”, afirmó.
Según Londoño, la jurisdicción permite materializar compromisos relacionados con verdad, justicia, reparación y garantías de no repetición. No obstante, reconoció que el tribunal “no es perfecto” y sostuvo que se ha alejado de algunos de los principios con los que fue creado.
Aun así, consideró que la JEP constituye una garantía tanto para las víctimas como para quienes comparecen ante ella, al representar, según dijo, la apuesta del país por una justicia restaurativa frente a la prolongación del conflicto.
En ese sentido, cuestionó que un eventual recorte presupuestal pueda terminar afectando el funcionamiento del tribunal.
“Si el propósito de quienes hoy gobiernan es acabar con la JEP, que lo manifiesten de forma directa y que asuman las consecuencias políticas, jurídicas e internacionales que de ello se deriven”, sostuvo.
Londoño calificó como una posible “muerte lenta por asfixia” cualquier reducción de recursos que, en su opinión, termine haciendo inoperante a la jurisdicción y le impida culminar las investigaciones y procesos derivados del Acuerdo de Paz.
El dirigente también negó que los firmantes estén buscando privilegios y afirmó que detrás de la discusión presupuestal podría existir el propósito de llevarlos nuevamente ante la justicia ordinaria.
“Quieren despojarnos de nuestras garantías, impedirnos decir la verdad y reparar a las víctimas en los términos en que nos comprometimos a hacerlo”, aseguró.
Londoño agregó que más de 500 firmantes del Acuerdo de Paz han sido asesinados desde la firma del pacto, argumento que utilizó para advertir sobre los riesgos que, según él, enfrentaría esta población si se modifican las condiciones bajo las cuales se sometieron a la justicia transicional.
Finalmente, insistió en que el Acuerdo de Paz debe cumplirse y aseguró que quienes comparecen ante la JEP continuarán reclamando que el tribunal pueda concluir su trabajo.
“A quienes hoy insisten en debilitar a la JEP les recordamos que lo que se acordó, se cumple”, manifestó.
La controversia también escaló desde la propia JEP. Su presidente, Alejandro Ramelli, anunció que acudirá ante la Corte Penal Internacional para exponer lo que considera el interés del Gobierno de Colombia de reducir en $100.000 millones el presupuesto destinado al tribunal.
La discusión pone nuevamente en el centro del debate el futuro financiero de la JEP, el cumplimiento del Acuerdo de Paz y el alcance de las obligaciones adquiridas por el Estado frente a las víctimas y los comparecientes.