Todo indica que esta semana
que entra Colombia será descertificada por las autoridades norteamericanas. De
ocurrir, ello puede representar una reducción hasta de 50% o la pérdida total
de las ayudas que recibe el país desde el norte. Conocido es el histórico
respaldo millonario de Estados Unidos a Colombia por la lucha contra el narcotráfico.
Una descertificación de
Colombia no ocurría desde los años noventa –solo ha habido una en 1996– y ello
tiene al país entero consternado. Los mandatarios de las principales ciudades
han planteado la necesidad de viajar a la capital estadounidense y el mismo
ministro de la Defensa ha considerado útil un contacto directo con las
autoridades de manera de evitar lo que considera un desastre. Sin embargo, el
presidente Gustavo Petro es de los que estima que no es pertinente que los
alcaldes participen en primera línea en asuntos que son de la consideración
únicamente del Estado. Así es como desde la Casa de Nariño se negó el permiso
de viaje al ministro de la Defensa.
El país ha recibido por
décadas certificaciones sucesivas, pero los retrocesos en los tiempos de
Gustavo Petro en el combate del narcotráfico y el sensible aumento de la
superficie de tierras dedicadas al cultivo de la hoja de coca, así como el
incremento de los envíos ilegales de narcóticos han llevado a las autoridades
encargadas de monitorear estos procesos de poner un alto a la situación.
Colombia tiene hoy el más alto nivel de producción de hoja de coca y de cocaína
refinada desde que se iniciaron los seguimientos de Naciones Unidas en 1999. A
esta fecha se cuentan 235.000 hectáreas cultivadas.
Más allá de las dicientes
cifras, la connivencia de esta situación con el apoyo que los narcodelincuentes
reciben desde el régimen venezolano han agravado sensiblemente una situación
que, hoy por hoy, Washington considera atentatoria contra la seguridad de
Estados Unidos. A ello se suma la posición del mandatario colombiano que
sostiene la inutilidad de la erradicación de cultivos mientras no exista una
política eficiente para impedir el consumo en los países desarrollados. Aunque
una decisión en torno a esta materia responde a criterios claros y a las
disposiciones de la Ley de Estupefacientes de 1986, deriva de la voluntad del
presidente de Estados Unidos su aplicación y es preciso hacer notar que el
momento no es el mejor en la relación bilateral. Gobiernos anteriores al de
Trump han certificado al país a pesar de su criterio sobre resultados no
satisfactorios, pero ha privado la necesidad de una colaboración con Washington
de parte de quienes manejan estas operaciones. De hecho, Colombia proporciona
información de inteligencia que es clave para la captura de envíos y las
fuerzas militares de ambos países son entrenadas bilateralmente para el combate
de esta actividad y la realización de operaciones conjuntas.
Una descertificación
representará para el país la suspensión de ayuda militar y policial por cientos
de millones de dólares, además de provocar sanciones económicas de envergadura.
Para Estados Unidos, la decisión de la descertificación tampoco es sencilla por
el gran aporte que hacen las fuerzas militares y la policía colombiana a su
propia lucha antidrogas.
Así que lo que ha sido hasta
el presente una muestra de confianza y cooperación bilateral en el terreno de
la batalla antidroga, pudiera terminarse con secuelas de mucho calibre.
Colombia, al igual que otros países del hemisferio, ha sido alcanzada por la
suspensión de las ayudas norteamericanas -USAID y otras- y ello ha provocado
daños importantes en instituciones públicas y privadas que recibían sostén
económico. Para Washington la decisión no es sencilla tampoco, dado el talante
de su presidente y la importancia que le acuerda tanto al tema de la alienación
de su sociedad por el consumo de drogas como por el control de la inmigración
ilegal, un fenómeno con el que Colombia contribuye por la violencia interna que
provoca la narcoguerrilla.
Las elecciones del país
tendrán lugar en pocos meses y lo sensato es esperar hasta entonces para
refrescar la relación y el tratamiento de este tema. El ánimo de cooperación de
la población colombiana con Estados Unidos es mayoritario, lo que inclinaría la
balanza, luego de los comicios, hacia un mejor control del narcotráfico y la
violencia a través de una mejor y más eficiente administración y control territorial
y el debido reforzamiento de las fuerzas
militares. No es el momento de castigar al país por las falencias de sus
gobernantes. La situación venezolana con su enorme carga de responsabilidad en
esta materia está en vías de solución y un paso de avance en esa materia
pudiera debilitar sensiblemente, incluso propinar un golpe mortal a las fuerzas
del mal que sostienen el narcotráfico.